Abstract
La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda la cuarentena como uno de los mecanismos más efectivos para el control del SARS-CoV-2. Sin embargo, dicha medida en salud pública trae consigo impactos diferenciados. Las cifras de Bogotá, Distrito Capital de Colombia, evidencian que esta medida entra en conflicto con la garantía y la no vulneración de otros derechos. Una vez instaurada en Bogotá la cuarentena obligatoria, el número de reportes de casos de violencia contra las mujeres aumentó en más del 200%. El Distrito, consciente del riesgo que supone para las mujeres el aislamiento social en convivencia con el (los) agresor(es), activó cinco intervenciones para la prevención de las violencias, el acompañamiento a las víctimas y la mitigación del riesgo feminicida. Las intervenciones implementadas pusieron de manifiesto que, pese a los avances normativos y de política pública, es necesario fortalecer, durante la pandemia y en el largo plazo, la respuesta institucional a las violencias de género, en términos de activación y flexibilización de la ruta de atención, fortalecimiento del sistema de protección y, en particular, la articulación interinstitucional e intersectorial para dar una respuesta integral que derive en el restablecimiento de derechos. La experiencia de Bogotá insta al diálogo entre las acciones en salud y los derechos fundamentales en el marco de la atención a una crisis social y de salud, y a trascender las intervenciones clínicas y epidemiológicas dando lugar a estrategias más integrales, en términos de bienestar poblacional.
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